Después de tres décadas de privación de libertad, Mario José Redondo Llenas ha cumplido la pena que le fue impuesta por un tribunal. Luego de su salida dio unas declaraciones, en las que manifestó su arrepentimiento, al tiempo de asumir un compromiso moral frente al daño causado. Como es natural, estos pronunciamientos han generado distintas reacciones. Algunos ponen en duda la sinceridad de sus palabras; otros platean que es el resultado de un proceso de reflexión personal. Frente a estos cuestionamientos nos preguntamos: ¿Cuál es en realidad la finalidad de la pena en un estado social y democrático de derecho?
Partiendo de la valoración subjetiva de las declaraciones de Redondo Llenas, el tema central es: ¿estamos dispuestos a aceptar que la pena tiene un final y que, una vez cumplida, se abre la puerta —no sin condiciones— a la reintegración?
El crimen que cometió dejó una herida profunda en la sociedad dominicana, que aún permanece en la memoria nacional. El niño José Rafael Llenas Aybar es un referente de una tragedia que marcó a toda una generación. Por eso la reacción social de rechazo y la exigencia de sanción fueron —y continúan siendo— entendibles.
Como se ha planteado, en los casos más difíciles es donde se puede valorar la fortaleza de un sistema de justicia. Cuando prevalecen las emociones en el debate, el derecho está llamado a acudir a los principios.
La pena, en un Estado de derecho, no puede reducirse a una forma de venganza social: su función es más compleja. A la sanción proporcional al daño causado, es decir, la distributiva, se agregan las finalidades preventivas y, de manera principal, la posibilidad de rehabilitación del condenado.
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